Ex Senador y hermano de ministra buscan monopolizar millonario contrato de la ANDE

La empresa Arapoty, cuyos propietarios son el ex senador liberal Dionisio Amarilla y Guillermo Cramer, hermano de la ministra de Industria Liz Cramer, quieren apoderarse de todos los itms de una millonaria licitación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), utilizando todo tipo de artimañas según denuncias acercadas a Nada Que Callar.

El titular de la Ande Luis Alberto Villordo Recalde, incluso pidió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas revisar todo el proceso, para corroborar la legalidad de todo el proceso de adjudicación.

La licitación de la Ande consiste en la adquisición de postes de hormigón armado, modalidad contrato abierto. Llamativamente los dueños del Consorcio Arapoty protestaron porque no entraron en varios Itms del llamado, tratan de apoderarse de todo el paquete.

Cabe recordar que el exsenador liberal Dionisio Amarilla está imputado por enriquecimiento ilícito, mientras que Guillermo Cramer posee negros antecedentes en otros llamados licitatorios convocados para la compra de transformadores en el año 2019.

Pese a las protestas que presentaron, los datos revelan que Arapoy ya fue adjudicado por un monto de G. 130.226.700.000. Por otra parte, nuestras fuentes enviaron fotos de la sede de la firma y mostraron que se encuentra en total estado de abandono

Según Contrataciones Públicas el Consorcio Arapoty fue descalificada por varios items luego de que el comité evaluador haya resuelto que el socio integrado por Dionisio Amarilla no ha dado cumplimiento con lo solicitado respecto a la capacidad financiera. Según el Pliego de Bases y Condiciones, para el cumplimiento del requisito «capacidad financiera», se solicitaba la presentación de balances correspondientes a los contribuyentes del IRACIS y del IRPC, no así el IRP.

El socio Dionisio Amarilla presentó el formulario 104, el cual corresponde a los contribuyentes del IRP, no así el 106.

«Asimismo destaca que en la protesta interpuesta no se han planteado argumentos tendientes a demostrar que el requerimiento es contrario a una normativa de orden público y que por lo tanto, ante una ilegalidad del requerimiento, el mismo no resultaría exigible.

Tal cuestión debe ser demostrada y manifestada en tiempo y en forma. Es así que en el presente caso no existe una objeción a la legalidad o la regularidad del requerimiento, sino un pedido de aceptación de equivalencias o equipamiento de un documento por otro por contar eventualmente con la misma información, cuestión que, en atención a la etapa en que se encuentra el procedimiento de contratación, no puede ser admitida. La actuación de la convocante se ajusta a las disposiciones contenidas en el PBC, pues la firma protestante, el momento de la presentación de oferta, ha aceptado todas las condiciones establecidas en la convocatoria», concluye el documento.

 

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Posted by Nada Que Callar on Tuesday, May 12, 2020

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